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En el marco del aumento de desplazamientos forzados en el mundo, como también en Latinoamérica, el presente artículo, es el primero en una serie de tres números, busca responder a la pregunta: ¿Qué puede hacer el E Estado de Chile para abordar el flujo de personas que arriban en búsqueda de protección internacional? El procedimiento de análisis se realizó por medio de una síntesis de estudios y experiencias previas del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Chile, dialogado con un análisis comparado con normativas de otros países de Sudamérica.

Dentro de los principales resultados se expone que, si bien el orden jurídico interno de Chile contempla en el papel una serie de principios, reglas y garantías para asegurar el correcto cumplimiento de compromisos internacionales en materia de asilo, refugio y protección a personas desplazadas forzadamente, en la práctica se detectan serias deficiencias en la implementación efectiva de dicho marco normativo.

Se generan así propuestas que involucran elementos de participación ciudadana, intersectorialidad y de coordinación internacional a nivel latinoamericano para abordar los desplazamientos forzados que devienen de conflictos y crisis sociales, económicas y medioambientales que cada día están más presentes.